Algunas ideas para terminar con las deudas pendientes

Según dice un antiguo refrán: El arte del buen comerciante, está más vinculado con conseguir que le paguen, que con vender. Este proverbio en la actual situación tiene especial relevancia, ya que más de seiscientas mil empresas han tenido que cerrar en España por los impagos provocados con la crisis.

Cuando la mora nacional multiplica por tres a la promedio europea (7,1 % – 2,6%), la cifra de empresas que no cumple con los términos de abono acordados se ubica en un 60 por ciento, se debe aplicar una estrategia para menguar esta situación.

Pere J. Branchfield, el creador de la morosología, propone en su libro más reciente distintas herramientas para gestionar este gran problema.

Según el escrito de Brachfield, la morosidad está vinculada con una cuestión de filosofía de la empresa. Una de las fuentes más importantes de financiación de las compañías españolas es el crédito de los proveedores, al representar un 39,2 por ciento respeto a un 16,7 por ciento aportado por las entidades financieras, según Iberinform. En una situación de sequía de financiación, esta práctica se ha desarrollado a grandes pasos, llegándose a la estrategia de demorar intencionadamente los abonos a los proveedores está considerado como una práctica empresarial adecuada. De esta manera, el periodo de cobro de las facturas sube en nuestro país hasta 93 días, una media muy alta en comparación con Europa (54 días) o con los 75 días establecidos en la normativa.

Pero estas demoras, no son inofensivas para los perjudicados. Por ejemplo, cada día de retraso en el abono de una factura de una cuantía de 10.000 euros, representa un costo de 1,67, aplicando un 6% de interés anual. Si la demora es de sesenta días, el costo será de cien euros. Es una cuantía asumible, pero vuelve convertirse en una carga pesada, cuando las demoras se convierten en algo diario de la gestión de la empresa.

Brachfueld comenta que lo peor que puede pasar es no cobrar nunca una factura, en lo que avisa que una demora de un par de días es algo sin importancia. Según el escritor, cuanto antes abordemos la situación, más posibilidades de cobro existirán.

Cobrar con éxito una factura, dependerá de la capacidad acreedora para evaluar la situación. Negociar correctamente un convenio de abono razonable y realista, hallar argumentaciones para persuadir al deudor y usar las herramientas correctas para cada fase del proceso de impago, según describe el libro.

De esta forma, si su cliente se encuentra que no tiene liquidez transitoriamente, el fin será el cobro, pero sosteniendo la relación mercantil. Pero si la situación continua, lo más recomendable sería comenzar acciones en el juzgado correspondiente.

Reclamación amigable

La reclamación fuera de los juzgados es una fase decisiva, por ella conocerá la manera de actuar del deudor, y si la realiza de manera adecuado, la gran parte de los clientes solventes acabaran pagando buenamente.

Para que sea efectiva, debe comenzarse cuando antes mejor, sin improvisación. Por lo que hay que precisar la política de cobros, usando las tres vías amistosas (correspondencia, telefónicamente y personalmente). Es recomendable combinarlos, de forma persistente y progresiva, avisando de las acciones que se pueden realizar si no nos pagan, pero sin violentar al deudor.

Si el deudor, admite abonar en esta fase la deuda, es recomendable dejarlo por escrito, junto con una fianza o un aval. Brachfield plantea en su escrito como preparar detalladamente una política de gestión: clasificación de los clientes, rápida detección, agenda de acciones, etc.

Intereses de demora

La normativa nacional establece que se tienen derecho a los intereses, cuando la compañía que reclama, ha cumplido con sus obligaciones y no haya conseguido en su fecha la retribución estipulada. A no ser que el deudor, pruebe que no es responsable de la demora.

Se calcularan según la tasa regente del Banco Central Europeo, sumándole un 7%.

Correspondencia

Los faxes, correos electrónicas, cartas, etc., son eficaces para exigen pequeñas cantidades, en las que no merece la pena gastarse el dinero en teléfono o haciendo una visitar personal.

Pero también se utilizan para incrementar la eficacia de un contacto por teléfono, pues se avisa al deudor del impago, antes de comenzar con las llamadas.

Se debe ser precavido a escribir la cuantía correcta, ya que el deudor puede negarse a abonarla. Deberán ser claras, cortas, sin palabras técnicas, educadas y personalizadas, sorteando un tono que provoque rechazo.

Nunca se debe brindar un plazo de gracia, moratorias o aplazamientos. Lo recomendable es requerir el inmediato abono.

Técnicas opcionales de cobro

Cuando no es posible el cobro en dinero en efecto, se pueden usar la imaginación.

Existen varias posibilidades, rescatar la mercancía que en su día se vendió o la entrega de bienes, aunque lo más normal es conseguir que el deudor nos firme un compromiso de abono de los clientes que a su vez le deben dinero (pagarés, cheques, etc.).

Es una buena posibilidad, pero si espera a que el deudor cobre sus deudas, puede que consigne su capital a otras deudas que sean más prioritarias. En la práctica, cuando tenga la letra endosada o el pagaré, deberá comunicarlo que es el nuevo titular por medio de un burofax.

En los Juzgados

Con las recientes reformas normativas, los derechos del acreedor quedan protegidos, aunque no es recomendable demandar a tontas y a locas.

Es fundamental escoger esta vía, si al moroso se ha dado un ultimátum, si no se hace perderá el respeto de otros deudores.

El tiempo es un factor decisivo, para que otros acreedores no se pongan delante. Una importante cuestión son los costes del proceso, pues solamente en los casos que intervengan un procurador y un abogado, podrán requerirse la devolución.

Una opción es asistir a un acto de conciliación. Es un acto voluntario, barato y sencillo. En este supuesto, no es precisa la intervención de jurista, por lo que el acreedor podrá instar directamente en el juzgado de paz o de primera instancia mediante un escrito el acto.

Además existe otra vía el proceso monitorio, consignado a terminar con la desobediencia del deudor, si no se presenta en el juzgado, en unos días se topara con un titulo ejecutivo a su contra y sus bienes serán embargados.

El ICO emitirá 40.000 millones de euros en deuda para pagar morosidad pública

El Ejecutivo español tiene preparado un llamado plan de choque para solucionar el problema de la deuda comercial morosa que las Administraciones Públicas posee en favor de las pymes y autónomos y que supera los 40 mil millones de euros. Se trata de una línea de garantía, que el Gobierno respaldará con emisión de deuda pública, para que las empresas, con ese apoyo reciban recursos de los Bancos por el equivalente a las facturas impagadas, pagando a éstos un interés de mercado, superior al 6 por ciento.

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas anunció que el plan, llamado “Mecanismo de Financiación a Proveedores” será aprobado en el próximo Consejo de Ministros y será implementado a través de un acuerdo entre el Instituto de Crédito Oficial, ICO, y los entes de crédito privados.

Dentro de este esquema el ICO otorgará una línea de garantía, que respaldará con deuda pública emitida por dicho Instituto, lo cual es posible actualmente dado que el interés de la deuda española ha bajado.

En efecto, el martes se colocaron, por parte del Tesoro Nacional el importe de 2 mil 500 millones de euros, a 90 y 180 días, con intereses de entre el 0,44 y el 0,78 por ciento, casi la mitad del interés pagado hace 30 días atrás.

El monto total de dicha garantía rondaría los 30 mil millones de euros, pudiendo llegar a los 40 mil millones, organizados en fases. Marta Fernández Currás, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos indicó que este mecanismo no implica incrementar el déficit público, pues no se trata de un desembolso sino de una financiación por parte del Estado.

No obstante, sí incrementará la deuda del Estado ya que el esquema prevé emisiones por parte del ICO, lo que pudiese eventualmente afectar su rating financiero.

En términos prácticos, el plan funcionaría de forma parecida al del factoring. Las entidades de crédito harán un adelanto a empresas y autónomos del pago de facturas morosas con entes públicos, de acuerdo a ciertas condiciones que todavía están por definirse.

A su vez, dichos Bancos y Cajas gestionarán el cobro de la deuda morosa frente a la Administración. En caso de impago, harán uso de la garantía del ICO. Esto implica que el riesgo del negocio, para las entidades crediticias, es inexistente, por lo que no requerirá el establecimiento de provisiones o coberturas.

Pese a que esta medida ha sido diseñada para ayudar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en una situación de asfixia financiera por la morosidad pública, de hecho se convierte en un excelente negocio para las entidades financieras pues no sólo van a recibir un interés del mercado (mayor al 6 por ciento) sin asumir riesgos sino que también van a poder cobrar comisiones de apertura y de servicios.

Aunque tales intereses y comisiones serán a cargo de las empresas (probablemente descontadas del importe de la financiación) la Ley de Contratos del Estado permite que ellos puedan reclamar a la Administración tales costes, al superar el plazo de pago establecido en dicha Ley.

Es oportuno resaltar que el único obstáculo que los analistas ven a este plan es la limitación de recursos que actualmente poseen los Bancos. Aunque se han beneficiado de una inyección de liquidez sin precedentes por parte del Banco Central Europeo, la mayoría de las instituciones están utilizando estos recursos para mejorar sus balances e incrementar sus cuentas de capital.

Esto explica que sea necesario fijar para esta financiación un interés que puede ser considerado alto dado la ausencia de riesgo. Sólo así pareciera atractivo para los Bancos y Cajas incorporarse al programa. Hasta ahora los términos señalados sólo han sido discutidos con las principales entidades.

La mayoría de empresas nacionales tienen un departamento exclusivo de recobros

Las empresas de España están a la cabeza del ranking mundial en el progreso del recobro interno, ya que el 85 por ciento de las mismas disponen de departamentos internos que se dedican exclusivamente a recuperar los créditos que no han sido pagados, según se desprende de un informe confeccionado por la compañía Crédito y Caución.

Si bien, la utilización del recobro es más utilizada entre las empresas de Asia Pacifico y América del Norte.

El informe se elaboro sobre una muestra de veintisiete mercados, sobre la utilización del recobro es principalmente usada en mercados del este de Europa, como la Republica Checa y Eslovaquia.

En este aspecto, nuestro país se sitúa asimismo por delante de otros mercados próximos en la utilización del recobro externo legal, por parte de otras compañías para fortalecer la validez ante los impagos, con un 49%.

En estos instantes, la capacidad del recobro en el mercado nacional tiene que disponer de las herramientas legales adecuadas, recomendó Miguel A. Díaz, director de recobros de la empresa que confecciono el informe.

Los autónomos solicitan un régimen de sanción para los deudores

Doña Rosa Suárez, la presidenta en Asturias de las Asociaciones Federadas de Autónomos, ha solicitado que se instaure un régimen de sanción que se aplique a todos los que no cumplan con sus obligaciones de pago con los autónomos, incumpliendo así la Ley de morosidad.

Según esta asociación, el gobierno del Principado debe 250 millones a los autónomos y otros treinta y tres millones en el impuesto sobre el valor añadido adelantado por las facturas que todavía no se han cobrado, lo que representa un incremento en el último trimestre de un 21,3%, cifra que en toda España llega a 15229 millones y a ciento once millones más por el impuesto sobre el valor añadido de facturas todavía no cobradas, que han crecido el 6,1% desde el mes de agosto.

En una comunicación, la presidenta de AFAS, ha recalcado que la morosidad de las entidades públicas, la escasez de financiación y la bajada del consumo en los establecimientos minoristas, son los problemas más importantes de este colectivo, lo que induce a que continúen descendiendo las afiliación al RETA.

Está claro que con solo la voluntad no se pagan las deudas, ha señalado Suárez, que ha apuntado que José Manuel Rivero, consejero del Principado de Economía, ha aceptado la grave escasez de liquidez que tiene este grupo, lo que haría necesario que el ICO fuera más flexible con los avales que solicita.

Para la presidenta de las asociaciones, un plan de empresa correcto, aprobado por las cámaras de comercio o por las entidades municipales empresariales, debería ser suficiente garantía para conseguir financiación.

En referencia al consumo, AFAS ha avisado que en 2011 el sector comercial en la comunidad ha descendido aproximadamente el 8%, y que las noticias alarmantes que recogen los distintos medios de comunicación respecto a la crisis, no ayuda en absoluto a su activación.

Según la presidente, inclusive las personas que no pasan por dificultades económicas, no consumen normalmente, solamente por ese temor a que las cosas se agraven, por lo que ha pedido que se realice un consumo moderado, pero que no se deje de ninguna forma de consumir.

Asimismo, ha solicitado descender en la misma medida, en la que han bajado las ventas, los impuestos por módulos que cotizan a la Agencia Tributaria los autónomos, que se va a sostener en el 5% el próximo ejercicio.

Con estos procedimientos, ha afirmado, que se contendría el descenso de filiaciones en el RETA que se produce en la comunidad asturiana, desde que en 2008 comenzará la crisis y que está calculada en más de seis mil autónomos.

Así, en este año que está a punto de finalizar el número de autónomos que se han dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en enero era de 77.827 y en noviembre bajo a 77.258, por tanto una bajada de 529, lo que representa un dato nefasto, aunque la bajada sea más contenida que en otros ejercicios.

El 9% de las empresas no cumple con sus obligaciones de pago

Según el Radar de Impagos Empresariales correspondiente a los seis primeros meses del año, confeccionado por Axesor, el 9 por ciento de las empresas españolas activas son morosas en el abono de sus facturas, lo que supone que 127.752 empresas tienen episodios por impagos en los juzgados.

Pese al dato negativo, este se sostiene por debajo de los logrados en 2009, y se produce un descenso del 13,88 por ciento registrado en el primer semestre del ejercicio 2010.

Las pequeñas y medianas empresas, fueron las únicas que consiguieron disminuir la cifra de sociedades morosas en activo, una bajada del 13,92 por ciento hasta final del semestre, en comparación al mismo semestre del pasado ejercicio.

Por su lado, las grandes empresas registraron un aumento de las incidencias por impago de un 3,09 por ciento.

Así que del total de empresas españolas morosas, 400 son grandes empresas y 127.352 son pequeñas y medianas.

Por sectores, el sector hostelero y de promoción inmobiliaria lideran la clasificación de empresas con el ratio de morosidad más alto.

Hostelería: 14,38 por ciento de empresas morosas.
Promoción inmobiliaria y construcción: 12,57 por ciento de empresas morosas.

Se reduce el número de empresas morosas entre enero y mayo, según datos de Axesor

El último informe publicado por Axesor correspondiente al quinto mes del año arroja que las compañías deudoras con las entidades financieras disminuyeron en un 13,4 por ciento entre enero y mayo, para ubicarse en 116 mil 986 empresas, lo cual equivale al 8,2 por ciento del sector empresarial.

Las estadísticas corresponden al “radar de impago empresarial” de la empresa asesora el cual continúa indicando que las un mayor número de pequeñas y medianas empresas son las afortunadas que han logrado reducir sus deudas (14,9 por ciento) entre enero y mayo. En contraste el número de grandes corporaciones que aumentaron su morosidad con la banca subió en 9,15 por ciento (354 corporaciones).

Entre enero y mayo los sectores que han incurrido en un mayor incumplimiento de sus pagos son el de hostelería, con el 13,4 por ciento, y el de compañías vinculadas con la construcción y promoción de bienes raíces, con un 11,6 por ciento.

Nuevo método para reclamar los pagos a la administración pública

Gracias a la nueva ley 15/2010 del 5 de julio, las empresas españolas podrán mejorar su competitividad y su financiación al evitar los desequilibrios que a día de hoy se estaban produciendo según Isabel Navarro de PMCM.

Para ello, dicha ley obligará a los morosos a pagar unos intereses de demora más indemnizaciones por costes de cobro a lo que el empresario haya tenido que acudir para cobrar su dinero.

Es por ello, que para destacar la importancia de esta nueva Ley de Gestión de Cobros de las administraciones públicas, Unidad Editorial, conferencias y formación ha creado una conferencia uqe tendrá lugar el 15 de junio en Barcelona.

Mientras entre los meses de enero y febrero de 2011 gracias a una encuenta de PMCM se vio que la ley hizo que los morosos pagasen antes de tiempo, lo que ha provocado que el tiempo de pago haya bajado respecto a 2009.

Pero a cambio, la administración pública a pesar de haber bajado el tiempo de pago de 99 a 89 días sigue estando muy lejos del límite legal de 55 días, mientras que el plazo real fue mayor, ya que paso de los 154 a los 157 días.

Es por ello, que según Navarro, las empresas se están viendo obligadas a mirar y obtener información económica sobre los clientes, ya que de momento es la mejor manera de evitar los impagos, ya que los mismos pueden llevar a la quiebra de dichas empresas.

A su vez, hay que comentar que en la ley de morosidad si ha abierto un enclave para reclamar los impagos de las administraciones públicas. Para ello habrá que realizar una reclamación por escrito a la administración pertinente, donde se le deberá pedir el pago de la deuda junto a los intereses de demora. Si una vez mandado este escrito, pasa un mes sin respuesta alguna, se podrá pedir un recurso contencioso-administrativo, en la cual se podrá exigir el pago inmediato de la deuda de la administración, donde el juez dictará sentencia, a no ser que la administración acredite que el pago no se corresponde con la petición de pago.

Y es que la ley de morosidad deja bien claro que las administraciones deben pagar en 2011 sus deudas en un máximo de 50 días, mientra que durante 2012 el máximo de días será de 40 y en a paritr de 2013 el máximo de días será de 30. Si esto no se cumple, la misma tendrá que pagar la demora, la cual a día de hoy se cifra en el 8%.

Mientras la alta morosidad debida a la crisis económica, esta haciendo que las pequeñas empresas se estén viendo realmente muy afectadas, debido a que el crédito con el que cuentan para seguir adelante es realmente pequeño, por lo que se espera que la nueva ley de morosidad acabe con estos problemas hacia este tipo de empresas.

CE emprenderá acciones para corregir la morosidad en sus estados miembros con pymes y autónomos

La alarmante situación de la morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores (pymes y autónomos) mantiene alerta a la CE que planea tomar parte activa en la solución de este problema que afecta al sector más vulnerable de la economía especialmente en Italia, Grecia y España..

Al respecto, el comisario europeo de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, aseguró, en una intervención ante la Cámara Europea de Estrasburgo, que una nueva Directiva será promulgada durante la primavera para continuar la batalla contra la morosidad y que deberá ser asumida por los estados miembros de la CE en los próximos dos años (2013), o de lo contrario, los estados que la infrinjan será considerados fuera de la ley de la UE.

Las afirmaciones del comisario se deben a las continuas denuncias de eurodiputados españoles sobre el incumplimiento en los plazos de pago establecidos en la reforma de la Ley de Morosidad que limita el plazo a 30 días o a 60 en algunas excepciones.

Efectos del incumplimiento

Actualmente, en España el plazo promedio para pagar las facturas de las entidades públicas, en especial los ayuntamiento, es de 154 días, en contraposición de la media en Europa de 62 días. Sin dejar de mencionar que algunos ayuntamientos pueden llegar a tomarse hasta 600 días para pagar sus facturas, según informa la Plataforma Multisectorial Antimorosidad.

Por su parte, el miembro de la Plataforma y secretario general de Pimec advierte que desde que entró en vigencia la reforma de la Ley de Morosidad en julio pasado, todas las entidades que tomen más de 85 días para pagar “están incumpliendo la ley”.

El directivo asegura que el sector privado ha reducido sus plazos de 100 a 94,4 días mientras que el público, por el contrario, lo ha alargado de 157 a 161 días. Estos retrasos han producido el fin de la actividad comercial de muchas pequeñas y medianas empresas con la consecuente pérdida de empleos.

Protección del anonimato

La Confederación de Pequeñas y Medianas empresas de Cataluña, Pimec, ha contabilizado la liquidación de más de 400 mil empresas en el país y en contraposición los municipios continúan engordando su deuda a 3 mil millones de euros.

Esperando que las iniciativas de Bruselas tengan efecto, la Plataforma adelanta algunas “denuncias anónimas” mediante las cuales un empresario denuncia una situación de impago y la Plataforma o alguna asociación representativa canaliza las acciones por vía judicial sin que la empresa denunciada conozca la identificación del afectado y no pueda emprender represalias económicas en su contra. La empresa Ferrovial es la primera denunciada.

Particulares y empresas disminuyen sus impagados en un 6,7% en un año

Según una información emitida por el Instituto Nacional de Estadística, INE, los efectos de comercio (letras, cheques y pagarés emitidos por los comerciantes) impagados de particulares y corporaciones registraron un importe de 643 millones de euros durante el mes de marzo de este año, lo cual arroja un descenso del 6,7 por ciento con respecto a marzo del año pasado.

A su vez, fueron devueltos por impagados un 7,4 por ciento menos de efectos de comercio.

Durante el mes de marzo se vencieron 8 millones 500 mil efectos, un 5,7 por ciento por debajo de marzo de 2010. El importe supone unos 18 mil millones de euros (-6,4 por ciento).

El promedio de los efectos de comercio impagados sobre vencidos fue del 4 por ciento.

Los efectos impagados en marzo registraron un importe promedio de un mil 870 euros (un aumento del 0,8 por ciento), en contraposición del importe medio de efectos vencidos que fue de 2 mil 2176 euros (-0,7 por ciento), en marzo del año anterior.

El 64,9 por ciento de los efectos vencidos del mes de marzo procedieron de los bancos mientras que el 29,2 por ciento fueron procesados por las cajas y el 5,9 por ciento por las cooperativas de crédito.

Los bancos rebajaron su número de efectos impagados en un 8,1 por ciento mientras que las cajas lo hicieron en un 7,5 por ciento. En las cooperativas, en cambio, los efectos de comercio impagados aumentaron un 3 por ciento.

Los efectos impagados por parte de particulares y compañías bajaron un 6,7 por ciento durante el mes de marzo de 2011. Por tipo de efecto y entidad, el 69,8 por ciento estaban en cartera mientras que el 30,2 por ciento en gestión de cobro de clientes.

El promedio de efectos de comercio impagados sobre vencidos es superior para los de comercio en cartera (4,4 por ciento) que para los de gestión de cobro (3,2 por ciento).

Los bancos registraron un promedio mayor de efectos de comercio impagados en cartera tras registrar un porcentaje de 4,7 por ciento y, por su parte, las cajas registraron un porcentaje superior de efectos de comercio impagados en gestión de cobro de clientes (3,5 por ciento).

Por comunidades autonómicas las Baleares fue la que registró un promedio superior de efectos de comercio impagados sobre vencidos (5,1 por ciento), seguida por Andalucía con 4,6 por ciento y Canarias con 4,5 por ciento. En contraposición se ubicó Navarra como la comunidad con el promedio más bajo de efectos de comercio impagados al registrar un 2,8 por ciento.

Los impagos amenazan seriamente a la actividad de las empresas

La morosidad, actualmente, se ha convertido en una de las amenazas más importantes para las empresas, y por lo mismo, en uno de los principales hándicaps para las aseguradoras especialistas en impagos, que como resultado de la crisis han aumentado enormemente la cantidad de indemnizaciones a abonar.

Ni siquiera, la normativa contra la mora en las transacciones comerciales, ha logrado terminar con una práctica muy recurrente, como es la tardanza en los abonos a los proveedores, de la cual en la actualidad todos los sectores están afectados y que produce cuantiosas pérdidas en las empresas.

Según el informe de Pymec, si el plazo de cobro de las deudas se aminorara de 89 días (el promedio actual) hasta sesenta días, cada año las pequeñas y medianas empresas ahorrarían aproximadamente en costes de financiación 1.100 millones.

Pese a esta situación, en Castilla La Mancha la cifra de empresas que utiliza el factoring (vía de administración y financiación fundada en la transferencia de facturas) y que dispone de un seguro de crédito, continua siendo muy baja, lo mismo sucede en el resto de España.

Según la empresa, Crédito y Caución, especialista en el recobro de deudas, el 20 por ciento de las pequeñas y medianas empresas ante estos imprevistos, están aseguradas, una cifra que es bastante alta, si se coteja con la de otros países vecinos.

Una de las ventajas más importantes de estos seguros, es que las empresas pueden recuperar hasta el 80 por ciento de la cuantía de la deuda, si esta termina en impago.

Lo más destacable, que el seguro de crédito es un producto que tiene en cuenta muchos elementos: la cifra de actividad empresarial, el riesgo vinculado al sector empresarial con el que se está negociando, etc.

Todavía más, cuando numerosas empresas están apostando, de manera decidida por el extranjero para progresar, y por lo tanto es algo primordial saber la solvencia que tienen sus futuros clientes.